Salón Canarias

Curioso el nombre que le han colocado a una nueva propuesta que ha surgido como fórmula para reactivar el sector en nuestro país. El nuevo concepto surge dentro del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha firmado por el presidente de dicha Comunidad Autónoma, José María Barreda, junto a los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación regional de Empresarios (CECAM), con la presencia de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, cuya presencia le concede al acuerdo cierto grado de aprobación por parte del gobierno central.
Un aspecto curioso que rodea la firma del citado pacto lo constituye el hecho de la insistencia de la ministra en recalcar la idea de que las soluciones a la construcción 'no deben distraer' los recursos públicos destinados a facilitar el acceso a la vivienda, insistencia que puede dar a entender que en efecto puede producirse esa distracción de recursos, tal y como algunas voces ya habían comenzado a señalar.
La propuesta contenida en el pacto, la vivienda público privada, consiste básicamente en construir viviendas con una doble garantía oficial, en este caso el Gobierno Regional, proporcionando financiación a los compradores y a los constructores. Se trata de aprovechar la lista de demandantes de viviendas existente en el marco de Castilla La Mancha, que garantizaría la venta de las mismas. Para ello se debe pactar unas características mínimas y un precio pactado, manteniendo siempre el carácter de viviendas promovidas y construidas por promotores privados sobre suelos de su propiedad, donde exista una demanda, marcada por los listados de inscritos como demandantes de vivienda.
Existen numerosas dudas sobre las posibilidades del acuerdo firmado:

• ¿Podrán acogerse a esta fórmula las viviendas ya construidas?
• ¿Participan las entidades financieras de este acuerdo? El elemento clave de la compra de viviendas es la disponibilidad de hipoteca para las personas interesadas en la compra.
• ¿Quién asume los riesgos? ¿Se convierte la Administración en el garante de todas estas operaciones?

En el fondo la propuesta parece simplemente la adaptación de la oferta a la demanda, concretamente a la demanda correspondiente a los inscritos en las listas de la Comunidad de Castilla La Mancha, generalmente la demanda más débil en cuanto a posibilidades económicas y tradicionalmente los destinatarios de la VPO, ofreciendo vivienda de características y precio predefinidos y aunque el objetivo pueda parecernos correcto, la nueva figura nos parece innecesaria y consideramos que la VPO ya ofrece las posibilidades y características que supuestamente el pacto proporciona.

Una consecuencia de la situación actual del sector, dominado por las dudas, podemos encontrarlo en la reducción de ingresos que experimentarán muchas administraciones locales a consecuencia de la misma. No se trata únicamente de cantidades a cuenta de licencias de obra y similares, sino de aquellas procedentes del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se constituía como la tercera fuente de financiación territorial.
Los retrocesos son palpables en muchas comunidades autónomas y por ejemplo en Madrid, lo recaudado ya está el 20% por debajo de lo previsto, en Catalunya, el 11,6% y en Aragón, el 13%, por citar algunas. Se trata de un efecto lateral de la situación actual dentro de un modelo de financiación de las entidades locales que entendemos necesita alguna revisión para no depender tanto del sector de la construcción e inmobiliario.

La situación que vive el sector inmobiliario y de la construcción ha empezado a generar bastantes dudas sobre el posible impacto que la misma puede suponer para el global de la economía española.
Efectos sobre el empleo, donde la construcción ha sido uno de los grandes creadores de empleo y donde a corto plazo las perspectivas pueden ser bastante pesimistas.
Ante esta situación las Administraciones Públicas tratan de paliar en la medida de lo posible a través del fomento de la vivienda protegida y las infraestructuras públicas, en un esfuerzo de cubrir con estas opciones el hueco que deja la iniciativa privada.

La Ley de Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de julio, acaba de recibir un duro golpe a sus posibilidades de aplicación al aceptar el Tribunal Constitucional al trámite cuatro recursos de inconstitucionalidad promovidos contra esta ley por el Partido Popular y los gobiernos autonómicos de Canarias, La Rioja y Madrid, en base a una posible invasión de competencias por parte del Estado en materia de organización del territorio, competencias que fueron transferidas a las Comunidades Autónomas y entes locales.
Este supuesto instrumento del Gobierno para tratar de frenar la corrupción urbanística y frenar los precios de la vivienda, recibe este primer varapalo jurídico además de las numerosas críticas que ha recibido desde su promulgación. Sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en la Ley, estamos ante un conflicto competencial que seguiremos con atención.

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete integral de medidas con el objetivo de facilitar a los jóvenes el acceso a su primera vivienda, estimular a los propietarios para que alquilen casas vacías y equilibrar el mercado de alquiler y el de compra. Asimismo, se han considerado medidas de carácter procesal para agilizar los procedimientos de desahucio por falta de pago, la ejecución de las sentencias de desalojo de morosos y la recuperación de las rentas impagadas. En resumen, el anuncio oficial de algo que venía ocupando los medios de comunicación en las últimas semanas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, han anunciado un conjunto de medidas dirigidas a ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda de alquiler por parte de los jóvenes. Las medidas o ayudas son de diversa índole y van desde ayudas económicas directas para el pago del alquiler hasta préstamos para la fianza, además de desgravaciones fiscales. Además el Gobierno se ofrece como avalista durante un cierto período de tiempo. Las medidas no se destinan en exclusiva a los inquilinos sino que se plantean ayudas también para los propietarios, en forma de desgravaciones fiscales de las rentas, especialmente importantes en alquileres a menores de 35 años.

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El objetivo final de las ayudas es favorecer la emancipación de los jóvenes a la vez que se favorece el mercado de alquiler de viviendas, desde una doble perspectiva, ofrecer garantías y alicientes a los propietarios y ayudas a los inquilinos. Sin embargo, también nos parece que trata de mejorar en cierta forma de mejorar el alquiler frente a la compra, con su hipoteca asociada, de forma que se opte por esta fórmula como solución para el acceso a la vivienda, en un momento en que la subida de los tipos complican de forma importante el acceso de los jóvenes a una vivienda.
Por último y después de los 'desencuentros' surgidos dentro del propio Gobierno se nos presenta la conformidad del Ministerio de Economía con las medidas y supuestamente se garantiza la necesaria partida presupuestaria.
Estas medidas consideramos que ayudarán a mejorar la situación del sector pero a costa de un intervencionismo de la administración en forma de inyección económica, esperemos que temporal, que sin embargo no incide en los auténticos problemas por las que éste atraviesa.

Interesantes declaraciones efectuadas por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, según las cuales “el recorrido al alza de los tipos de interés está tocando a su fin”, lo que no significa que dejen de subir de forma inmediata sino que “estamos prácticamente en el momento en que se estabilicen e incluso puedan empezar a bajar".
Las opiniones de nuestro ministro son ampliamente respetadas, tanto como su labor y experiencia al frente de la política económica europea y española y de ahí el valor de la misma. En paralelo hemos visto ya algunas noticias en ese sentido donde se informa de pequeños descensos en el euríbor después de que el Banco Central Europeo decidiera mantener los tipos de interés en el 4%.
Además les ofrecemos las declaraciones de Pedro Solbes sobre la iniciativa del Gobierno andaluz de legislar el acceso a la vivienda.

Finalmente se confirmó lo que muchos habían anunciado en fechas previas y el Banco Central Europeo no subió los tipos de interés y los mantiene en el 4%.
Para los poseedores d euna hipoteca sin duda se trata de una buena noticia, si bien no se disipan los temores ante futuras nuevas subidas.

No podíamos dejar de comentar la noticia que ayer inundó todos los medios de comunicación, según la cual, el Gobierno andaluz iniciará la tramitación de una Ley que garantice el derecho a los andaluces el acceso a una vivienda.
El proyecto pretende ser aprobado antes de las próximas elecciones generales y tratará de garantizar vivienda a todos los andaluces con ingresos inferiores a 3.100 euros mensuales.
El Gobierno debe velar por los derechos de sus ciudadanos y es evidente que la vivienda representa uno de los derechos fundamentales de toda persona y desde esa perspectiva nos parece interesante el movimiento del gobierno andaluz, aunque nos preguntamos si la propuesta posee más una intención electoral o simplemente de tranquilizar a los ciudadanos en un momento de crisis.
En cualquiera de los dos casos esperamos que detrás del anuncio haya algo más serio, un análisis económico detallado y sobre todo un estudio de la financiación que ese proyecto necesitará. Seguiremos con interés esta iniciativa.